En medio de la guerra narco, ¿se viene el antidoping para políticos y funcionarios?
Un grupo de senadores del Frente de Todos lanzó un proyecto de Ley que estipula un control antidrogas para funcionarios de los tres poderes del Estado.
Se trata de un proyecto que estipula un control antidoping obligatorio para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Toda esta iniciativa se da en el marco del flagelo del narcotráfico que sufre la ciudad de Rosario y en medio de la crisis por la que atraviesa la Cámara de Senadores, que tuvo su último capítulo de la novela el pasado jueves cuando la oposición, impulsada por Juntos por el Cambio, no dio quórum, una vez más, y no se pudo llevar adelante la sesión para la cual habían sido convocados.
Dicho proyecto lleva la firma de cuatro personas cercanas a Cristina Fernández de Kirchner como lo son las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, quien es la mano derecha de la vicepresidenta, y José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación.
La senadora Juliana Di Tullio expresó que «la situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia».
El texto presentado, además, comunica que «establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria».
¿Qué pasaría si un funcionario diera positivo en un control?
El proyecto estipula que, si un funcionario da positivo en el control de detección de sustancias ilegales, entrará automáticamente «en un proceso de suspensión y/o licencia hasta su recuperación» de la adicción detectada.
La realización y el control del antidoping estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete, hoy en manos de Agustín Rossi.
Antodoping para todos
Dentro del proyecto se estipula que todos los funcionarios, electos o por cargos, deberían someterse a la realización y control de sustancias prohibidas.
Es por eso que se estipula que del Poder Ejecutivo tendrían que someterse el presidente, el vicepresidente y los ministros y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado.
En el caso del Poder Legislativo, la medida alcanzaría a legisladores nacionales y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.
A su vez, en el Poder Judicial tendrían que realizarse el control los magistrados de todos los niveles y los funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
