Opositores amenazan con recurrir a la Justicia si no se convalidan los votos del 14 de mayo
Apoderados de JxC, de Fuerza Republicana, de Libres del Sur y del Frente de Izquierda formalizaron planteos ante la Junta Electoral.
Las distintas presentaciones fueron formalizadas por apoderados de Juntos por el Cambio (JxC), de Fuerza Republicana (FR), de Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) y Libres del Sur (LDS).
En estos espacios sostienen que no cuentan con los recursos suficientes para asegurarse un nuevo stock de papeletas. Advirtieron además que, debido a la alta demanda por el período electoral, no hay disponibilidad suficiente de papel en el mercado y no será posible llegar en tiempo y forma a la fecha de la votación. Y pusieron el foco además en el impacto ambiental que ocasionaría imprimir millones de votos nuevos.
El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJT) dictó una medida cautelar que suspendió las elecciones en Tucumán, en el marco de una acción de amparo promovida por Germán Alfaro (JxC) contra la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador del FdT.
Como el ex jefe de Gabinete se bajó de la contienda (la fórmula oficial estará compuesta por Osvaldo Jaldo–Miguel Acevedo), el máximo tribunal dispuso ayer el levantamiento de la medida precautoria.
Ante ello, Manzur firmó anoche un decreto para llamar a las urnas para todos los cargos (incluyendo legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales) el 11 de junio.
En la conferencia de prensa, el gobernador fue consultado sobre la insólita situación que se había presentado por las papeletas.
En principio, la lista oficial y sus decenas de «acoples» quedaron forzados a reimprimir las suyas, con la fórmula Jaldo-Acevedo en el margen superior izquierdo.
Y, en opinión de Manzur, la totalidad de los espacios deberían también participar con nuevas papeletas, debido a que las presentadas ante la Junta Electoral Provincial llevan la leyenda «14 de mayo de 2023».
La respuesta de los opositores se tradujo en una serie de presentaciones ante el órgano que integran Daniel Leiva, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila para exigir que se habilite el uso de las boletas ya impresas.
La expectativa ante esta respuesta es enorme, y acapara la atención de los apoderados. Según estimaciones, imprimir un millón de votos cuesta unos $6 millones. Se calcula que, para tener presencia en todas las mesas de elección de la provincia, se necesita contar con el equivalente a tres padrones; es decir que la inversión puede rozar los $20 millones.
En JxC: un planteo administrativo, con reserva de la vía judicial
Los «acoples» que forman parte de Juntos por el Cambio, el frente liderado por Roberto Sánchez y Alfaro, advirtieron que la normativa vigente no establece «como requisito legal consignar la fecha de los comicios en el voto».
Además, indicaron que muchas de las papeletas «se encuentran ya repartidas en las casas y en las manos de los votantes tucumanos». «Forzar a todos los partidos a retirar la totalidad de los votos distribuidos en cada rincón de la provincia, a realizar impresiones nuevamente, a repartir otra vez los votos en el marco de la campaña electoral, por el único hecho de modificar la fecha impresa por una nueva, sólo generará mayores problemas de los que quisiera solucionar», aseveraron los apoderados del radicalismo, del alfarismo, del PRO y de CREO.
Añadieron además que «los tiempos» para realizar una nueva impresión «no están dados, ante la inminencia de la fecha de elecciones actualizada». «No hay tampoco material ni recursos suficientes para reemplazar los votos con la ‘fecha vieja’, ya que se manifiesta faltante del papel, por ejemplo, necesario para una nueva impresión masiva», expusieron en JxC.
Pusieron énfasis luego en «el impacto al medio ambiente que produciría el descarte de la totalidad de los votos ya impresos».
En el texto de siete páginas, finalmente, los apoderados de la coalición opositora hicieron «expresa reserva de recurrir a la vía judicial mediante acción de amparo en caso de se vean vulnerados los derechos políticos tanto de los partidos como de los candidatos oficializados».
«Evitar un perjuicio económico grave», el argumento del bussismo
En Fuerza Republicana, que lidera Ricardo Bussi, también recurrieron a la JEP.
«Nuestra agrupación, al momento de notificarse la suspensión de los comicios, ya contaba con la totalidad de las boletas emitidas. Asimismo, estas se encuentran circulando ya en mano de muchos electores, dado que esos votos eran oficiales y válidos para emitir el sufragio el 14 de mayo», argumentó el apoderado del armado aliado a Javier Milei.
Además, en FR insistieron con que se debe «evitar un perjuicio económico grave a nuestra agrupación partidaria ante un conflicto que nos resulta ajeno».
Vía Twitter, Bussi remarcó que «sobran motivos para interponer esta acción» por parte de la Junta, «dado que la resolución de la CSJN» que derivó en la suspensión de los comicios se dio «a cuatro días» de la jornada electoral.
El planteo del FIT y Libres del Sur: el costo económico y el daño ambiental
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) y Libres del Sur, que tienen por candidatos a gobernador a Martín Correa y a Federico Masso, respectivamente, formalizaron una presentación conjunta para requerir a la JEP la validez de los votos que iban a ser usados el 14 de mayo.
Entre otros puntos, indicaron que la normativa electoral no consigna como requisito la inclusión de la fecha de los comicios.
Desde el @Fte_Izquierda hicimos una presentación ante la Junta Electoral para que se den por válidas las boletas que ya imprimimos, previo al fallo de la Corte. Anoche Manzur adelantó que todas las fuerzas tendremos que reimprimir las boletas, lo que conlleva un gasto tremendo pic.twitter.com/a9NHFH1lzR
«Teniendo en cuenta la autofinanciación de los partidos políticos provinciales, se torna material y económicamente imposible para cada uno la impresión de nuevas boletas de sufragio», indicaron en el Frente de Izquierda y en Libres del Sur.
Por ello, pusieron el foco en «el gran costo económico» que ya «implicó la emisión de boletas». «En caso de tener que repetirse, afectaría directamente la participación de quienes no pueden solventar los altísimos costos», sostuvieron.
Y consignaron también «el enorme impacto ambiental que conlleva el desecho de millones de boletas de sufragios y la nueva emisión para su reemplazo».
